¿Qué es el Lavado de Dinero?


Método que se utiliza para convertir las ganancias provenientes de ingresos ilegales como si fueran recursos, ingresos o ganancias legítimas. Es la expresión utilizada para legalizar dinero obtenido en forma ilegal. Es una forma de blanquear dinero irregularmente obtenido. Es justificar la tenencia de una importante cantidad de dinero, escamoteando su origen e insertándola en el mercado de la circulación legal.

Regulación aplicable

Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 1996, se adicionó el artículo 400 bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República Mexicana en Materia de Fuero Federal (actual Código Penal Federal), a efecto de tipificar como delito, la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que anteriormente se encontraba previsto en el Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, mediante el referido Decreto del 13 de mayo de 1996, se reformó el artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales para establecer que los requerimientos de información o documentos relativos al sistema financiero, que formule el Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue esta facultad, o la autoridad judicial en su caso, se harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en el ámbito de sus respectivas competencias.

En el mismo Decreto, también se reformó el artículo 194 del ordenamiento arriba citado, a fin de establecer que se califica como delito grave, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, entre otros, el previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Esta calificación impide que el inculpado tenga derecho durante la averiguación previa o el proceso, a ser puesto en libertad bajo caución.

El 7 de noviembre de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, quedando comprendida en la misma, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 bis del referido Código Penal Federal, cuando en su realización participen tres o más personas que se organicen o acuerden organizarse para llevar a cabo, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado cometer determinados delitos, entre ellos el de lavado de dinero.

El 4 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Ahorro y Crédito Popular, estableciendo en el artículo 124 la obligación de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular para establecer medidas y procedimientos que les permitan prevenir, detectar y reportar operaciones que realicen sus socios o clientes con recursos de probable procedencia ilícita, sin que ello constituya transgresión a lo establecido en el artículo 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

En el 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación, las disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 124 arriba mencionado, estableciendo normas específicas para prevenir y detectar operaciones con recursos de probable procedencia ilícita, incluyendo la obligación de las Sociedades de presentar reportes sobre operaciones y servicios que realicen con sus socios o clientes, por los montos y en los supuestos que en dichas disposiciones se establecen.

El 28 de Noviembre del 2006 se emiten modificaciones en el Diario Oficial de la Federación a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

El día 17 de Octubre del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Y por último, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de Enero del 2013 la última reforma al Código Penal Federal el cual en su Artículo 139 menciona que “Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

La misma sanción se impondrá al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional.”